Aunque la cantante colombiana vive actualmente en Estados Unidos, tiene que regresar a Barcelona por un tema relacionado con el juicio que enfrentará por los seis delitos que se le imputaron contra la Hacienda Pública de España.
Shakira, quien ya debe ser juzgada a partir de este mes en Barcelona por otras irregularidades tributarias, fue acusada por la Fiscalía española de haber defraudado presuntamente unos seis millones de euros en la nueva causa abierta contra ella en julio. Ahora, la artista tendrá que volver a Barcelona a preparar su juicio, que comenzará este 20 de noviembre, se dividirá en 12 sesiones y finalizará el 15 de diciembre de este año.
Pese a que la querella había sido admitida a trámite hace unos meses en un juzgado cercano a Barcelona, los detalles del texto se conocieron hace unos meses, una vez que la cantante, que ahora reside en Miami, fue notificada, de acuerdo con la Fiscalía.
En la querella, el Ministerio Público señala a Shakira de dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública, por haber presentado “declaraciones inveraces” del Impuesto sobre la Renta (IRPF) y sobre el Patrimonio, en el ejercicio 2018.
La cantante -que en aquel momento residía cerca de Barcelona-, habría usado “un entramado societario”, con compañías instrumentales, algunas domiciliadas en paraísos fiscales, para no tributar por la cantidad total que le correspondía, agrega el texto fechado en mayo.
En total, la Fiscalía le acusa de haber defraudado 5,3 millones de euros (5,6 millones de dólares) en el IRPF de 2018 y 773.000 en el Impuesto de Patrimonio, que con intereses y liquidaciones suma una deuda de 6,6 millones.
Sus representantes indicaron, sin embargo, que “no se ha recibido notificación alguna en Miami, domicilio oficial de la cantante” sobre este caso, en una breve nota enviada este martes.
“El equipo legal de Shakira está centrado en la preparación del juicio por los ejercicios 2012-2014 que empezará el próximo 20 de noviembre”, agregaron sobre el proceso que se celebrará, salvo acuerdo de última hora, en la Audiencia de Barcelona.
Por este caso, el Ministerio Público solicita para ella más de ocho años de cárcel y una multa de cerca de 24 millones de euros, bajo acusación de haber defraudado 14,5 millones en esos ejercicios, usando también un “entramado societario” para no tributar en España, pese que por entonces ya residía en el país más de los 183 días al año que estipula la ley.
La artista, de 46 años, ha negado siempre las acusaciones, y asegura que debido a su profesión mantenía por entonces un estilo de vida en continuo movimiento.
La privacidad de la estrella volvió a acaparar gran atención mediática al hacerse pública el año pasado su separación del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos. Tras alcanzar un acuerdo con su expareja por la custodia de sus niños, Shakira trasladó su residencia a Miami.
¿Cuáles son los seis delitos?
El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a la cantante colombiana a juicio, ante los indicios de que residía en España “de manera habitual” entre los años 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de la cercana localidad de Esplugues de Llobregat que compró con su expareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.
Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por “motivos profesionales, con una duración muy corta”, a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense “The Voice” (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial”, tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.
Para evitar hacerlo, según la Fiscalía, Shakira “utilizó un entramado societario”, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.
La Fiscalía sostiene que el “plan” de la cantante consistía en que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba “en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales” a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.
Asimismo, asesorada por varios profesionales, los años 2008, 2012 y 2013 la cantante llegó a acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, “para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación” en estos años, mantiene el Ministerio Público español. Entre los delitos por los que se le acusa, se incluye fraude fiscal. evasión fiscal y evasión tributaria.
Fuente: El Espectador | Por Redacción Entretenimiento
